La Resolución Legislativa 29445 que aprueba el Convenio Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, conocido internacionalmente como Apostilla de La Haya, al haber sido adoptado en 1961 en la ciudad holandesa del mismo nombre.

El Sello de la Apostilla de La Haya busca reducir costo y tiempo para los trámites que realizan nuestros ciudadanos para legitimar sus documentos ante la Cancillería.

Con el fin de facilitar la legalización de los documentos públicos emitidos en el país para ser utilizados en el extranjero, suprimiendo la larga cadena de legalizaciones a una sola, mediante un sello especial conocido como la “Apostilla de La Haya“, ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa que propone adherir al Perú al XII Convenio de la Apostilla de la Haya, uno de los más grandes instrumentos de derecho internacional, adoptado el 5 de octubre de 1961, en la ciudad de La Haya y que cuenta con 93 países inscritos a la fecha.

El trámite de legalización única, a través de la denominada Apostilla de La Haya -del que participan únicamente los países firmantes del convenio- busca agilizar la tramitación de los documentos públicos expedidos en el país -y que desea presentar en otro-, reconociendo su autenticidad mediante una apostilla colocada sobre el propio documento público que la certificará ante los otros países firmantes del convenio.

Actualmente son 93 países suscritos a la Convención de la Apostilla, muchos de ellos con significativas comunidades peruanas como: Los Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Australia, España, Japón, Venezuela, Argentina, Brasil, por mencionar los más representativos.

Con la Apostilla de La Haya, que es un sello especial que se estampa sobre un documento para certificar la autenticidad de la firma, los documentos quedarían exentos de toda certificación adicional ya que con este sello se confirma la legalidad y autenticidad del documento con los países que se han suscrito al convenio. Así se suprimirían todos los pasos intermedios que actualmente existen para la legalización de los documentos que se desean enviar al extranjero.

Así los ciudadanos acudirían a una sola instancia notarial y se enviaría el documento a la Cancillería para que le pongan la estampilla de validez internacional.

Asimismo, señaló que otra de las medidas importantes para modernizar el Estado es que las entidades públicas se financien con los recursos que son del Tesoro Público y no con los ingresos de los ciudadanos que realizan los trámites.